Ningún ciudadano, incluso los que cayeron en una falta punible, pueden ser tratados indignamente, ni ya presos, purgando una condena, pueden ser lesionados ni física, ni moral, o espiritualmente, que no puede pasar la condena de restituir el daño o de la privación de la libertad, aunque sea por decenas de años, producto de un juicio. En términos directos, “ni los criminales” pueden ser tratados como “delincuentes”, sino conforme a derecho y hay que condenar a la PGR y a las policías que presentan a presos destrozados por las torturas, o acribillados para silenciar toda posible denuncia de complicidades del sistema con los violentos.

Uno de los temas fundamentales en la agenda política en el Estado tendrá que ser la construcción de un proyecto de desarrollo, de una estrategia que nos saque de la dinámica de contradicciones y rivalidades entre la clase política, en particular el estilo de gobierno del PRD y del PAN personificados por el Gobernador y el Presidente de la República. Si asumimos que el sustento del modelo del actual Gobernador es el perfil de su candidatura, podríamos descubrir, en una auditoría política elemental, que en poco o nada hay continuidad en ese proceso de construcción de la voluntad y de los actores del cambio a lo largo de la campaña a gobernador.

Es de entender por todos que el discurso de campaña, que la visión de cómo construir el cambio de Leonel Godoy, debe verse ahora como la objetivación, como la realización de aquella propuesta de cambio, democrático, en especial el proyecto de ciudadanización de la gestión pública, de abrir las puertas a los grupos de gestión no partidarias, sino de aquellos que se organizan desde sus necesidades de empleo, de creación de micro y medianas empresas, de alternativas para la mujer que lleva, hoy más que nunca la carga social de todos los rezagos. Pero el poder público no se ha ciudadanizado, ni siquiera los cuadros de mediano perfil del actual gobierno, han arribado a la cultura de la del funcionario de la sociedad con una misión en el gobierno, como operación práctica de políticas públicas, como realización del pacto social republicano, democrático, solidario.

 Cómo entender, en esa auditoría elemental que un gobierno con sentidos social no se atine al Estado de Derecho en el caso de los trabajadores, investigadores en el Centro de Investigación y Desarrollo para el Estado de Michoacán, que tienen como misión construir el modelo de economía sustentable, sí, con desarrollo social al lado de la producción de riqueza, de procesos en los que se cimienta el desarrollo en las regiones, forja los equilibrios para que no se lancen, expulsados por la falta de oportunidades a la capital del Estado o a las tres o cuatro ciudades de mayores expectativas en Michoacán. De manera inexplicable, a medio tramo de su gobierno, el actual Ejecutivo del Estado se lanza ahora a valorar los resultados, sus perfiles, lo significativo de los proyectos alternativos de un gobierno que se presumiría inteligente, democrático, innovador, de los contratados por honorarios, “empleados temporales”, cubriendo contenidos de trabajo sindicalizado, como sustancia de estas dependencias de investigación para el desarrollo regional.