Los excesos cometidos en contra de la población por parte de la PGR, después del allanamiento del Palacio de Gobierno del estado de Michoacán, en mayo pasado, no tienen límite y al parecer no hay posibilidad de que la Federación cambie de actitud y retorne al Estado de Derecho, al respeto de las garantías individuales, sin que eso signifique que alguien se resista al combate al crimen organizado, como ha replicado insistentemente el secretario de Gobierno, Fernando Gómez Mont. En particular Gómez Mont ha conducido a la Presidencia de la República a equivocar la dimensión del tema de seguridad en la agenda de gobierno de la Federación, y más aún, se podría afirmar que al convertirlo en tema de campaña se obligó a lanzarse temerariamente con aquella amenaza que lanza al grupo “La Familia”, señalándoles que les reta a que se enfrenten directamente con ellos, no con los ciudadanos. Plena provocación, porque son ellos los que han declarado que mantienen su “código” de intervención, enfrentándose con otros grupos de la delincuencia organizada y con los militares, pero con todo respeto a las mujeres y a los niños.

Sorprende que lo hiciera precisamente en el momento en que frente a los medios de comunicación, el Gobierno Federal se comprometía con el gobernador del Estado, Leonel Godoy, a tomarlo en cuenta para la coordinación de acciones con la policía michoacana. Pero más aún, es lamentable que en esos momentos no le replicara el Gobernador al Secretario de Gobernación, que se trata no sólo de la coordinación militar, sino sobre todo el establecer un sustento social en las acciones preventivas, en donde los municipios tengan la oportunidad de ofrecer diversas oportunidades de vida, como proyectos productivos tradicionales, con los apoyos para el financiamiento y luego comercialización, para establecer un desarrollo regional inmediato y sustentable.

El Gobierno del Estado de Michoacán no ha podido pasar de la declaratoria de apoyos al campo, a la acción. La cruda crisis no se puede combatir ahora con el “avance” aislado, incipiente, con programas compensatorios que representan siempre una acción de sobrevivencia y no de reconstrucción de la estructura productiva del campo, rota por el abandono de la economía agrícola y pecuaria, y lastimada la estructura social porque ya no es posible vivir en las condiciones de las políticas estatales. Es necesario un proyecto de choque que comprenda a las 10 regiones de gobierno, que padecen un doble éxodo ahora, primero por la hambruna que se despliega sin que se asuma la respuesta de gobierno y ahora por el terror que representa una PGR violenta, agresiva y además distante de representar la paz social que está obligada a construir, pero con los actores de esta entidad, no en contra de ellos.

En lo particular no podía creer que la PGR hubiera resuelto intervenir, militarmente en una Iglesia católica en Apatzingán el pasada sábado, con todo lujo de violencia y se supone, además  que lo hicieron, sin contar con la respectiva orden de aprehensión en contra de alguien en específico, para introducirse al templo, en el que se oficiaba una misa, y vejar y maltratar a los que se encontraban en el oficio religioso. Pero además, fueron detenidos por la PGR 33 personas, después que fueran detenidas sin orden judicial y trasladados a la ciudad de México, mantienen en arraigo en la SIEDO a tres implicados con la delincuencia, y dejan en libertad a 30 ciudadanos, sin responsabilidad alguna de sus agresores, sin apoyo para que retornaran a Apatzingán, lugar en el que habían sido detenidos.

En un comentario de prensa escrita se informaba que no se tenía porque ofrecer disculpas al arzobispado y en general a la alta jerarquía de la Iglesia, lamento no estar de acuerdo y preciso, soy laico, pero cada templo representa la capacidad y el derecho de predicar y creer religiosamente, y es obligación de la propia PGR, guardar y proteger a cada uno de los visitantes al recinto. Hacerlo como lo hizo, sin orden de aprehensión puntal, se convierte entonces en una razia al más puro estilo de los años del fascismo y del nazismo. Ni siquiera en Sicilia, Italia, en donde es evidente que la mafia se mueve en todos los escenarios, que es profundamente católica, los carabineros no se permiten introducirse a un centro religioso para actuar en contra de algún indiciado. Porque allí se debe fortalecer la estancia de centenas de feligreses y la detención de uno o de tres delincuentes, como es el caso de Apatzingán, justifica lesionar el pleno derecho, ya no digamos de cientos, sino de uno sólo de los asistentes a ese evento.

Pero además, que no se pretenda darnos clase de aseguramiento, sin un tiro, de los 33 trasladados a la ciudad de México, cómo se permite una redada descomunal, aterroriza a niños y mujeres, a personas que nada tienen que ver con delito alguno, arrestan allí a centenares, sin orden de aprehensión, para luego trasladar a las cárceles de la SIEDO, también sin orden otorgada por juez competente. Lamento igualmente que de nuevo el Gobierno del Estado guarde silencio, que no se levante, exigiendo que se persiga a todo delincuente, implacablemente, pero para eso está el Estado de Derecho, el propio secretario de Gobierno, Fidel Calderón, emite una opinión que justifica y minimiza la razia contra ese grupo de feligreses de la Iglesia cristiana. Sigo manteniendo que un país en manos de los militares y en especial de la policía ha perdido la soberanía y evidentemente, también ha perdido su libertad, su derecho a mantener recintos en los que la tradición más pura de protección para el ejercicio de la fe, como una Iglesia, tenía el derecho a ser respetada la protección al cristiano, a cualquiera que llegara en plan de paz, y de entrega a su religión, al menos que “La Troca”, fuera detenido infraganti, actuante allí con el traslado a todas luces de un cargamento de narcóticos, o de sustancias para su producción. Bien se le pudo esperar escasos centímetros de la entrada, al subir a su vehículo, incluso, si tal era la precisión con que se manejaron, la más elemental inteligencia me indica que debieron detenerlo antes de ingresar al recinto.

Un párvulo le puede recomendar a cualquier policía, que no puede poner en riesgo a nadie más que al propio sujeto de la detención, y con orden expresa de un juez y para el caso de Apatzingán,  se sabe que al propio párroco lo mantuvieron boca abajo, esposado, hasta horas de la madrugada y que los que asistían al servicio religioso fueron maltratados e interrogados sin que tuvieran implicación alguna, ni mucho menos contaban con una orden judicial para hacerlo. Ninguna acción policiaca puede exponer a otro ciudadano, la detención debe procurarse sin que se implique a inocentes, pero además reclamo el derecho a no ser maltratado como los cientos de asistentes, o más marcadamente, como es el caso de los 30 detenidos y después liberados por la SIEDO.

No obstante esta reiterada actitud de la PGR, al parecer no tiene posibilidad de que sea detenida por el derecho, por la cultura de la inteligencia policial, eficiente y lúcida, para guardar y hacer guardar los derechos de los demás, paradójicamente, estamos extrañados y demandamos que no se agreda a los que no han cometido ningún delito. No hay instancia que se levante y se indigne por estas acciones, ni el Gobierno del Estado, los diputados, como soberanía popular de Michoacán, los presidentes municipales, que no saben, o no entienden ahora, como situarse en el escenario del libertinaje de la PGR.