“Desde el inicio del operativo se les trató como delincuentes y no como ciudadanos…”
A la Opinión Pública. El Gobernador. La Voz de Michoacán. pág. 02, febrero 02, 2010
A la Opinión Pública. El Gobernador. La Voz de Michoacán. pág. 02, febrero 02, 2010
Ningún ciudadano, incluso los que cayeron en una falta punible, pueden ser tratados indignamente, ni ya presos, purgando una condena, pueden ser lesionados ni física, ni moral, o espiritualmente, que no puede pasar la condena de restituir el daño o de la privación de la libertad, aunque sea por decenas de años, producto de un juicio. En términos directos, “ni los criminales” pueden ser tratados como “delincuentes”, sino conforme a derecho y hay que condenar a la PGR y a las policías que presentan a presos destrozados por las torturas, o acribillados para silenciar toda posible denuncia de complicidades del sistema con los violentos.
La liberación de 15 de los 28 detenidos en el michoacanazo, en mayo pasado, es un acto que debe servir no para documentar de nuevo un juego político de medios, sino para dar inicio a un proceso de revisión y construcción de un federalismo democrático, de cooperación para la prevención de todos los delitos, los ubicados en el ramo federal, el penal e incluso en el civil, que ahora se han desplegado como telón de fondo de una cultura violenta, criminal, que se ha cebado ahora con grupos de inocentes, como los jóvenes de Ciudad Juárez, los 15 acribillados en prueba de dominio y de poder sanguinario, para atemorizar a millones.
Lo cierto es que la violencia profunda, ha llegado a superar ahora a todos los poderes, ha desbordado la indiferencia del Estado, la Federación y los municipios en la prevención de los delitos, desde una economía floreciente que liquide paulatinamente todos los índices de pobreza, una educación significativa, que supere los promedios de escolaridad en cada estado, teniendo como referente un limitado promedio nacional de apenas 7.2 años, una cultura de convivencia primitiva del siglo XX y de la barbarie de un mundo que demanda altos niveles de conocimiento, cuando menos el bachillerato, es decir 12 años de conocimientos sistemáticos para contar con las herramientas indispensables, básicas para la vida de la exigencia de la cultura de la ciencia y la tecnología, para que pueda enfrentar el hombre de la era del conocimiento, la demanda de la nueva cultura de la productividad que rige el mercado de la globalidad.
El reclamo en los medios a la Federación, a los funcionarios que se excedieron en el uso de la violencia, del mismo poder del Estado para comparecer, más como fuerza beligerante, de agresión, de ocupación, que la fuerza federada de la Nación para acudir a Michoacán a la coadyuvanza de la procuración de justicia de la Federación con el Estado. Naturalmente que condenamos todo acto beligerante contra la soberanía del Michoacán, pero no podemos estar de acuerdo que la Federación ofrezca disculpas, pues se trata de acciones que ponen en peligro el pacto federal, que se defendió lo suficiente, ni por los medios que demanda nuestro carácter de estad o federado con los otros 31 miembros del Pacto Nacional constituido en República.
En esa carta a la opinión pública, primero debe corregirse el destino, o se dirige a los michoacanos para convocarnos a tomar una posición frente a la Federación y exigirle una explicación de todo el proceso que le llevó a la detención y al sometimiento a funcionarios michoacanos a un proceso mal articulado, sin atenerse a derecho, al pacto de colaboración en la procuración de justicia, a la constitucionalidad de todo proceso. Eso es lo que debe explicarle la Federación a Michoacán para reactivar la colaboración y la estrategia republicana de una solución de fondo al clima de violencia, que por cierto no se limita al crimen llamado organizado, sino al clima de violencia que aparece en la ausencia de mediación entre los individuos, que desemboca en violencia de muerte, como el caso de los futbolistas, de los jóvenes que se divertían en un antro, del pueblo que festejaba “el Grito de Independencia” en Morelia.
A todas luces es lamentable la actitud del secretario de Gobernación, Gómez Mont, que mantiene el sentido de la incriminación, que siembra la duda en la inocencia y que, si no prueba un juicio la culpabilidad, sique el principio de justicia mexicana, que son inocentes mientras un tribunal no pruebe lo contrario. En las últimas declaraciones del presidente Calderón se ve otra intencionalidad, no la visión policiaca y de capos, que anunciaba por televisión que habría que perseguir a la delincuencia a muerte, “hasta donde nos lleven”, afirmaba el secretario de Gobernación y con ello, se metía sólo a un callejón sin salida, y que ahora el Presidente, se libera de esa estrategia proponiendo a Ciudad Juárez una estrategia que ha denominado integral y que Michoacán debiera ser beneficiario de una proyecto de esa naturaleza: el combate social y del estado a las condiciones que propician la violencia social y se convierte luego en el caldo de cultivo de la violencia, como un segundo reparto social para superar las condiciones generalizadas de la pobreza.
Es necesario fortalecer los programas de combate a la miseria, de recuperación de la vocación productiva y del desarrollo regional, que permita pensar que la primera opción para combatir a la violencia es construirse como opción de vida buena como proyectos sociales, desde el empleo productivo, el fortalecimiento del desarrollo económico regional, para no ser expulsados de pueblos en la pobreza o la miseria michoacana que les obliga a incorporarse a los grupos de la delincuencia, que es tan violento, tan peligroso y lastimero, como ir en busca del sueño americano. En el fondo se comparte la denuncia de hechos que hace el Gobernador, pero hace falta la reconstrucción económica y política del Estado y de la Nación. El actual clima de violencia le corresponde al actual modelo de desarrollo, en crisis, fracasado, corrupto, repartido entre las élites de los partidos. El crimen organizado es la forma violenta y pervertida del reparto de la riqueza producida, que comparece como el “cobro por las plazas” que genera más “ganancias” estables que la producción, distribución y venta de enervantes.
En este clima de crisis de la justicia, incluidos los funcionarios detenidos en el michoacanazo, los funcionarios serán ejemplo de aplicación de la ley pura y dura, errática y eso es lo que hay que detectar, procesar y condenar en los propios tribunales a través de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios públicos, pero, ¿se tienen la fuerza y el poder militar, social y político para vencer a la delincuencia, o el poder de la economía del Estado y la Federación para destruir la fuente del delito, la miseria?, ¿los programas municipalistas, son capaces de liberar de la pobreza y la miseria a los 37 municipios ubicados como rezagados al nivel de la sociedad haitiana y a otro tercio al límite de la pobreza, -con un gasto personal de un dólar diario- con rezagos de ciencia y tecnología de más de un siglo?
Que le ofrezcan disculpas a los lastimados por los excesos, es más golpe de medios que verdadera justicia. No. Debe haber una explicación detallada de todo el proceso, el que los inculpó y el que les liberó y que concluya con el castigo a quienes sean responsables de todos los excesos, así sea el secretario de Gobernación o las autoridades policiacas que operan una política que violenta las garantías constitucionales en los entornos en que dicen procurar la justicia. Está bien, todo esto, sí, ¿y los pobres?, ¿y las víctimas de la violencia que significa los gobiernos dictatoriales?, ¿y los lesionados por la políticas económicas erráticas de los gobiernos, que va en un 60% de mexicanos y michoacanos lastimados, quién les ofrece disculpas, quién le restituye la posibilidad de tener proyectos de vida dignos?
Lo cierto es que la violencia profunda, ha llegado a superar ahora a todos los poderes, ha desbordado la indiferencia del Estado, la Federación y los municipios en la prevención de los delitos, desde una economía floreciente que liquide paulatinamente todos los índices de pobreza, una educación significativa, que supere los promedios de escolaridad en cada estado, teniendo como referente un limitado promedio nacional de apenas 7.2 años, una cultura de convivencia primitiva del siglo XX y de la barbarie de un mundo que demanda altos niveles de conocimiento, cuando menos el bachillerato, es decir 12 años de conocimientos sistemáticos para contar con las herramientas indispensables, básicas para la vida de la exigencia de la cultura de la ciencia y la tecnología, para que pueda enfrentar el hombre de la era del conocimiento, la demanda de la nueva cultura de la productividad que rige el mercado de la globalidad.
El reclamo en los medios a la Federación, a los funcionarios que se excedieron en el uso de la violencia, del mismo poder del Estado para comparecer, más como fuerza beligerante, de agresión, de ocupación, que la fuerza federada de la Nación para acudir a Michoacán a la coadyuvanza de la procuración de justicia de la Federación con el Estado. Naturalmente que condenamos todo acto beligerante contra la soberanía del Michoacán, pero no podemos estar de acuerdo que la Federación ofrezca disculpas, pues se trata de acciones que ponen en peligro el pacto federal, que se defendió lo suficiente, ni por los medios que demanda nuestro carácter de estad o federado con los otros 31 miembros del Pacto Nacional constituido en República.
En esa carta a la opinión pública, primero debe corregirse el destino, o se dirige a los michoacanos para convocarnos a tomar una posición frente a la Federación y exigirle una explicación de todo el proceso que le llevó a la detención y al sometimiento a funcionarios michoacanos a un proceso mal articulado, sin atenerse a derecho, al pacto de colaboración en la procuración de justicia, a la constitucionalidad de todo proceso. Eso es lo que debe explicarle la Federación a Michoacán para reactivar la colaboración y la estrategia republicana de una solución de fondo al clima de violencia, que por cierto no se limita al crimen llamado organizado, sino al clima de violencia que aparece en la ausencia de mediación entre los individuos, que desemboca en violencia de muerte, como el caso de los futbolistas, de los jóvenes que se divertían en un antro, del pueblo que festejaba “el Grito de Independencia” en Morelia.
A todas luces es lamentable la actitud del secretario de Gobernación, Gómez Mont, que mantiene el sentido de la incriminación, que siembra la duda en la inocencia y que, si no prueba un juicio la culpabilidad, sique el principio de justicia mexicana, que son inocentes mientras un tribunal no pruebe lo contrario. En las últimas declaraciones del presidente Calderón se ve otra intencionalidad, no la visión policiaca y de capos, que anunciaba por televisión que habría que perseguir a la delincuencia a muerte, “hasta donde nos lleven”, afirmaba el secretario de Gobernación y con ello, se metía sólo a un callejón sin salida, y que ahora el Presidente, se libera de esa estrategia proponiendo a Ciudad Juárez una estrategia que ha denominado integral y que Michoacán debiera ser beneficiario de una proyecto de esa naturaleza: el combate social y del estado a las condiciones que propician la violencia social y se convierte luego en el caldo de cultivo de la violencia, como un segundo reparto social para superar las condiciones generalizadas de la pobreza.
Es necesario fortalecer los programas de combate a la miseria, de recuperación de la vocación productiva y del desarrollo regional, que permita pensar que la primera opción para combatir a la violencia es construirse como opción de vida buena como proyectos sociales, desde el empleo productivo, el fortalecimiento del desarrollo económico regional, para no ser expulsados de pueblos en la pobreza o la miseria michoacana que les obliga a incorporarse a los grupos de la delincuencia, que es tan violento, tan peligroso y lastimero, como ir en busca del sueño americano. En el fondo se comparte la denuncia de hechos que hace el Gobernador, pero hace falta la reconstrucción económica y política del Estado y de la Nación. El actual clima de violencia le corresponde al actual modelo de desarrollo, en crisis, fracasado, corrupto, repartido entre las élites de los partidos. El crimen organizado es la forma violenta y pervertida del reparto de la riqueza producida, que comparece como el “cobro por las plazas” que genera más “ganancias” estables que la producción, distribución y venta de enervantes.
En este clima de crisis de la justicia, incluidos los funcionarios detenidos en el michoacanazo, los funcionarios serán ejemplo de aplicación de la ley pura y dura, errática y eso es lo que hay que detectar, procesar y condenar en los propios tribunales a través de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios públicos, pero, ¿se tienen la fuerza y el poder militar, social y político para vencer a la delincuencia, o el poder de la economía del Estado y la Federación para destruir la fuente del delito, la miseria?, ¿los programas municipalistas, son capaces de liberar de la pobreza y la miseria a los 37 municipios ubicados como rezagados al nivel de la sociedad haitiana y a otro tercio al límite de la pobreza, -con un gasto personal de un dólar diario- con rezagos de ciencia y tecnología de más de un siglo?
Que le ofrezcan disculpas a los lastimados por los excesos, es más golpe de medios que verdadera justicia. No. Debe haber una explicación detallada de todo el proceso, el que los inculpó y el que les liberó y que concluya con el castigo a quienes sean responsables de todos los excesos, así sea el secretario de Gobernación o las autoridades policiacas que operan una política que violenta las garantías constitucionales en los entornos en que dicen procurar la justicia. Está bien, todo esto, sí, ¿y los pobres?, ¿y las víctimas de la violencia que significa los gobiernos dictatoriales?, ¿y los lesionados por la políticas económicas erráticas de los gobiernos, que va en un 60% de mexicanos y michoacanos lastimados, quién les ofrece disculpas, quién le restituye la posibilidad de tener proyectos de vida dignos?
